¿Qué significa que una empresa está en concurso de acreedores?

Es importante destacar que lo expuesto en este artículo sobre el concurso de acreedores se aplica solo a las personas jurídicas (sociedades). Para las personas físicas con problemas para pagar sus deudas, existe otra solución, que es la Ley de Segunda Oportunidad.

Contenidos en esta página

• El concurso de acreedores como herramienta de protección social
• ¿En qué momentos se emplea el concurso de acreedores?
• Los diferentes tipos de concurso de acreedores

En este sentido, el concurso de acreedores ofrece:

1. La posibilidad de continuar con la actividad, al proporcionar alternativas diferentes de pago.
2. Una solución que respeta el principio de igualdad, orden y proporcionalidad de los deudores.
3. La liquidación patrimonial del deudor para pagar las deudas, si no es posible satisfacer las deudas de otra manera.

En resumen, el concurso de acreedores se aplica cuando el deudor no es capaz de satisfacer las deudas por sí mismo. O bien cuando prevé que en el corto o medio plazo no va a poder satisfacerlas.

Así, a través de un proceso judicial, se busca el acuerdo entre el deudor y los acreedores, acordando quitas o esperas. El objetivo es tratar de evitar que se proceda a la liquidación del patrimonio del solicitante.

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No obstante, en algunos casos esto no es posible, y la liquidación se vuelve inevitable. Si esto sucede, la ventaja que reporta el concurso de acreedores es que la liquidación se realiza de forma ordenada. Es decir, respetando el orden de preferencia de los acreedores que establezca la ley.

El concurso de acreedores como herramienta de protección social

Sin duda, el concurso es un instrumento valioso para la satisfacción de las deudas. Pero, además, sirve como solución de segunda oportunidad. Es decir, es un mecanismo de protección social.

Una de las ventajas en este sentido es que, al intentar permitir la continuidad de la empresa, produce un impacto social y económico positivo.

Como decimos, el concurso de acreedores se rige por el principio par conditio creditorum, que implica que los cobros se produzcan en orden de preferencia, y no por el orden en que se han reclamado. En esa preferencia tienen más peso, por ejemplo, la Administración y los trabajadores de la empresa insolvente.

¿En qué momentos se emplea el concurso de acreedores?

Básicamente, una empresa debe solicitar el concurso de acreedores cuando esté o prevea estar en situación de insolvencia. Y decimos que es un deber porque, si existe esa previsión y no procede a declararse en concurso, este podrá ser declarado culpable.

En concreto, la ley determina que la obligación nace cuando no se pueden cumplir de manera regular las obligaciones económicas. Esto es, si la empresa no es capaz de pagar la totalidad de sus deudas a tiempo. Incluso si consigue hacerlo pero, a cambio de endeudarse sistemáticamente.

Desde que tenga conciencia de esta situación, el empresario tendrá que solicitar voluntariamente el concurso en menos de dos meses. A menos que inicie negociaciones para refinanciar sus deudas, pues esto alargará los plazos.

Los diferentes tipos de concurso de acreedores

En función de quién inicie el procedimiento para declarar el concurso de acreedores, nos encontramos con dos tipologías de concurso:

1. Voluntario: si es el propio empresario el que voluntariamente comienza el procedimiento.
2. Necesario: si presentan la solicitud los acreedores, tras intentar cobrar una deuda sin éxito.

Sea cual sea el caso, la situación de ruina de la empresa se acreditará aportando la siguiente documentación, que servirá para determinar si procede o no el concurso:

• La memoria económica.
• El inventario de derechos y bienes.
• La relación de acreedores.
• Si el deudor es empleador, el número de trabajadores.

Las fases del concurso de acreedores

Estas que comentamos a continuación son las 4 fases que puede comprender un concurso de acreedores, aunque no siempre se desarrollan todas.

Las vemos en detalle, a continuación:

1. Los actos previos

Se solicita iniciar el concurso, se presenta la documentación y se dan los primeros pasos del procedimiento. Por ejemplo, se fijan medidas cautelares o se admite a trámite la solicitud. En este último caso, se pasa a la siguiente fase.

2. La fase común

Esta fase implica que se declare el concurso. Y también que surjan determinadas obligaciones para los implicados:

• Para el deudor: debe colaborar en el procedimiento y ve limitada su capacidad para disponer libremente de su patrimonio.
• Para los acreedores: ven limitada su capacidad para reclamar. De este modo, mientras dure esta fase, todas las ejecuciones pendientes se paralizan y se prohíbe la presentación de nuevas demandas.
• Para la administración concursal: es la que se encarga de disponer de los bienes del empresario y de administrar su activo. Además, tiene que presentar un informe económico en menos de dos meses.

3. La fase de resolución

En este punto, pueden suceder dos cosas:

• Firma de un convenio. Se intenta alcanzar un acuerdo que asegure el pago, quizá mediante esperas y quitas. Es necesario que lo apruebe y realice un seguimiento un Juez. Si incumple alguna de las partes del convenio, el empresario podrá ser declarado culpable, y su patrimonio podrá liquidarse.
• Liquidación del patrimonio. Se trata, en cualquier caso, de la última opción y la menos deseable de todas. Por ello, solo se aplicará si se determina la inviabilidad de la actividad.

4. La calificación del concurso

Si se decide ejecutar la liquidación del patrimonio del deudor, habrá también que calificar el concurso como culpable o fortuito. Asimismo, también existirá la calificación si el deudor incumple el convenio o acuerda puntos que perjudican a los acreedores. En definitiva, siempre que concurra culpa o dolo y ello empeore la situación.

En los supuestos en los que el deudor sea declarado culpable, se producirán los siguientes efectos:

• Pérdida de los derechos de cobro.
• Exigencia de responsabilidad civil o, incluso, penal.
• Inhabilitación para administrar o representar a bienes o personas.
• Obligación de restituir los derechos o bienes que se han obtenido de forma indebida.

En algunos casos, es posible que se opte por reabrir el concurso. Esto sucederá si, en el plazo de 5 años, aparecen nuevos bienes capaces de satisfacer las deudas que quedaban pendientes.