¿En qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad?

Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad, también conocida como Mecanismo de Segunda Oportunidad, es un proceso administrativo que permite a personas físicas, incluyendo autónomos, cancelar una parte significativa de sus deudas y salir a flote tras una situación de imposibilidad de hacer frente a las deudas contraídas.

Está recogida en el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (enlace a la ley completa).

Con la Ley de Segunda Oportunidad tenemos que tener claro que es un mecanismo para superar una situación de incapacidad de hacer frente a los pagos de deudas contraídas, pero que al mismo tiempo trata de proteger los derechos de cobro de los acreedores.

Es decir, con esta Ley se busca una situación de equilibrio en la que las personas físicas puedan salir a flote tras la bancarrota y que los acreedores de dichas deudas puedan cobrar una parte de ellas.

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¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

Aunque está pensada para particulares y autónomos, no siempre es posible acogerse a sus beneficios. Existen unos requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, que resumiremos a continuación:

  • Probar que no se cuenta con patrimonio suficiente para hacer frente a las deudas contraídas.
  • Que las deudas no superen los cinco millones de euros.
  • Acreditar que las deudas se han contraído actuando de buena fe.

De estos puntos se deduce mejor para quién está hecha esta ley: para personas que habiendo probado ser buenos pagadores, en la actualidad no pueden hacer frente a todas sus deudas. Por ello la importancia de probar la buena fe.

Hay una serie de requisitos que deben cumplirse para probar la mencionada buena fe.

En primer lugar, es necesario haber intentado de forma previa un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores. El acuerdo extrajudicial de pagos es un procedimiento que trata de buscar acuerdos con los acreedores de la deuda para buscar una nueva solución que permita solucionar las deudas contraídas, bien a través de quitas y/o ampliación de los periodos de pago.

Lo normal es que el acuerdo extrajudicial de pagos no sea exitoso, pero es requisito indispensable para pasar a la siguiente fase. Es decir, es necesario intentar con los acreedores buscar una solución de mutuo acuerdo para probar la buena fe.

Es también requisito no haber sido condenado por delitos económicos, patrimoniales, contra la administración pública o contra los trabajadores en los últimos diez años.

Además, es necesario que el concurso no sea declarado culpable. Es decir, no sería posible probar la buena fe si se demuestra que el deudor contrajo parte o todas sus deudas a sabiendas de que no iba a poder pagarlas.

Por último, es necesario no haberse acogido a esta ley en los últimos 10 años.

El Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI)

En caso de que el acuerdo extrajudicial de pagos no haya tenido éxito, comienza la fase judicial de concurso de acreedores, en la que quedará en manos del juez determinar qué porcentaje de la deuda será exonerado, pudiendo llegar incluso al 100% de las deudas contraídas.

¿Se pueden cancelar todas las deudas?

En un inicio, uno de los puntos débiles de la Ley de Segunda Oportunidad que señalamos los especialistas fue que no todas las deudas podían ser exoneradas, quedando fuera de la misma las contraídas con las administraciones públicas (generalmente se trata de deudas con Hacienda y/o con la Seguridad Social).

Pero, afortunadamente, en julio del 2019 una Sentencia del Supremo determinó que dichas deudas deberían también ser objeto de la exoneración del pasivo insatisfecho. Por lo tanto, en la actualidad sí que es posible eliminar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social gracias a la Ley de Segunda Oportunidad.

Siguen quedando fuera de la Ley de Segunda Oportunidad las deudas relacionadas con el pago de la pensión de alimentos, en caso de existir.

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