¿Cuándo prescriben las deudas con Hacienda?

Prescripción de deudas con hacienda

Una característica propia de las deudas tributarias es que no duran para siempre y pueden prescribir. Generalmente, la ley establece unos plazos para reclamar la deuda y en el caso de que este tiempo venza, se pasa a considerar que ha prescrito.

En otras palabras, el acreedor ya no podrá exigir su pago a no ser que lo solicite mediante un proceso judicial, que entonces se paraliza hasta la resolución. Y es que, de sobra es sabida la lentitud que entrañan las resoluciones de la justicia y sería muy complicado asumir en tiempo y forma los plazos establecidos en la ley.

¿Cuál es el plazo establecido?

En base al artículo 66 de la Ley General Tributaria, una deuda tributaria prescribe a los cuatro años. El tiempo empieza a correr desde el día posterior al término del plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación. No obstante, tal y como se ha apuntado anteriormente, este plazo se puede ver interrumpido si se inicia cualquier reclamación o investigación.

De esta manera, este artículo apunta que al paso de esos cuatro años prescriben los siguientes derechos:

  1. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
  2. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
  3. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
  4. El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Podemos ayudarle

Somos abogados especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad. Si necesita un despacho con experiencia, contacte con nosotros e infórmese sin compromiso.

Contacte con nosotros

Revisión de la declaración de la renta

Esos 4 años también quedan establecidos como el plazo de Hacienda para revisar toda declaración de la renta. Así pues este tiempo se inicia desde que concluye la campaña de IRPF del ejercicio anterior.

Este detalle es importante, porque por los tiempos establecidos se puede llegar a pensar erróneamente que el plazo predeterminado es de un lustro. Un ejemplo es el caso concreto de las rentas de 2014. Estas se debían presentar hasta el 30 de junio de 2015 y por ende el plazo de revisión de Hacienda se mantuvo hasta ese mismo día del año 2019. Así pues, el plazo va de 2015 a 2019 y no se inicia en el año 2014 como comúnmente se cree.

Este plazo de cuatro meses también se aplica al resto de tributos. Entre ellos cabe mencionar el impuesto sobre sucesiones, o tributos locales como el impuesto de circulación o el impuesto sobre bienes e inmuebles. Tan solo quedan al margen los impuestos aduaneros, cuyo plazo es de tan solo un trienio.

Cómo se procede si hay delito fiscal

En el caso de que exista un delito contra la Hacienda Pública el cambio es sustancial. Generalmente existen dos tipos de delitos fiscales: los generales y los agravados. La diferencia reside en la cuantía que se maneje en cada caso.

Si se defraudan más de 120.000 euros de cuota ya se considera delito fiscal y la prescripción en este caso sí es de cinco años. Este sería un ejemplo de supuesto general, ya que para que el delito se considere agravado se deben defraudar más de 600.000 euros de cuota. En este caso ya sí se podrían penas de prisión de entre dos y seis años y el periodo de la prescripción asciende hasta los diez años.

El Supremo permite exonerar deudas públicas

Uno de las principales novedades que ha experimentado la Ley de Segunda Oportunidad desde su implantación en 2015 en la legislación nacional se produjo en julio de 2019. En esta fecha el Tribunal Supremo decidió aumentar con la sentencia de 2 de julio las prestaciones de este mecanismo al permitir la exoneración de parte de las deudas mantenidas con las administraciones públicas.

De hecho, el porcentaje de condonación puede llegar a superar el 50% en función de la capacidad económica del deudor. Esta regulación se produjo con el fin de cambiar la premisa inicial de la norma, que no permitía renegociar las deudas contraídas con la Hacienda Pública. De esta manera se otorgó aún más valor y utilidad a la Ley de Segunda Oportunidad.

Concertar cita
Puede llamarnos al 881 55 06 57 o dejarnos su nombre y teléfono para que nos pongamos en contacto con usted.


¿Por qué debería escogernos?
Atención personalizada
Expertos en 2ª Oportunidad
Facilidades de pago
Rápida respuesta
¿Dónde encontrarnos?

Oficina en A Coruña

C/ María Puga Cerdido nº 11, Bajo 15009 A Coruña, Galicia 881 55 06 57 [email protected] segundaoportunidadgalicia.com/a-coruna

Oficina en Vigo

Plaza de Compostela nº 23, 2º 36201 Vigo, Pontevedra 986 12 31 79 [email protected] segundaoportunidadgalicia.com/vigo