Contenidos en esta página
- Normativa actual sobre la exoneración de deudas con Hacienda y la Seguridad Social
- ¿Qué se exonera de las deudas públicas con Hacienda y con la Seguridad social?
- ¿Qué se exonera del resto de las deudas públicas con Ayuntamientos, Diputaciones, Haciendas Locales, etc?
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Contacte con nosotrosEl mecanismo de segunda oportunidad y las deudas públicas
Uno de los mayores logros de la Ley de Segunda Oportunidad es permitir la exoneración de la totalidad de las deudas privadas del deudor de buena fe. Sin embargo, la Ley no ofrece el mismo trato para las deudas públicas (Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamientos, etc.).
¿Qué se exonera del resto de las deudas públicas con Ayuntamientos, Diputaciones, Haciendas Locales, etc?
En este sentido, en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación se permite la extensión de la recaudación a la AEAT; por lo tanto, una deuda con un Ayuntamiento pude ser exonerada si ese Ayuntamiento ha suscrito algún tipo de convenio para la recaudación con la AEAT.
Sin embargo, algunas Audiencias Provinciales, en primer término, están fallando contra esa interpretación. Lo más conveniente es contar con la posibilidad de que esa parte de la deuda no sea exonerada.
Normativa antigua sobre la exoneración de deudas con Hacienda y la Seguridad Social
En sus inicios, el procedimiento de Segunda Oportunidad contenía el tratamiento de las deudas públicas, estableciendo un doble rasero:
- Por un lado, verían exoneradas las deudas públicas aquellos deudores que hubiesen podido atender durante el procedimiento a la totalidad de los créditos contra la masa (básicamente los gastos de tramitación del procedimiento) y los créditos privilegiados (en general, el 50% de la deuda pública originalmente no abonada).
- Por otro, aquellos deudores que no disponían de recursos para los pagos requeridos en el punto anterior (lógicamente la mayoría) debían someterse a un plan de pagos de la deuda pública, y se les impedía tal exoneración.
El rechazo de la jurisprudencia
El Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de Julio de 2019, vino a considerar que se debía aplicar la exoneración en ambos casos, y esta ha sido la jurisprudencia vigente hasta la entrada en vigor de la nueva regulación del procedimiento de Segunda Oportunidad, el anterior Texto Refundido de la Ley Concursal.
En dicha refundición normativa se mantiene la dualidad de sistemas, denominados ahora “régimen general” y “régimen especial”, pero se elimina la exoneración también para el régimen general, es decir, para aquellos deudores que hubiesen podido pagar parte de las deudas públicas durante el procedimiento.
Este claro intento de cercenar desde el ejecutivo la posibilidad de exoneración del crédito público se ha encontrado nuevamente con el rechazo de la jurisprudencia, y ello en base a dos motivos:
- Por haberse extralimitado el nuevo texto, que recordemos es un Texto Refundido y tiene por lo tanto como única finalidad ordenar y sistematizar la normativa existente, eliminando derechos anteriormente reconocidos y vulnerando por lo tanto la Constitución.
- Por ser contraria a la directiva europea sobre acuerdos marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas, cuya finalidad no deja lugar a dudas: “permitir que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer".
Conclusión
Por lo tanto, a día de hoy, mediante el acogimiento a la Segunda Oportunidad, el deudor de buena fe podrá exonerar total o parcialmente sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social, según el caso.